En 2014 se aprobó la ley sobre el derecho al olvido en internet, un derecho relacionado con el Habeas Data y la protección de Datos personales. Este derecho tiene el deber de garantizar la intimidad y privacidad de los ciudadanos. El titular de un dato personal tiene derecho a pedir que este sea borrado, bloqueado o suprimido de la red, ya sea por considerarse obsoleto, porque ha transcurrido mucho tiempo desde su publicación o porque de alguna manera, afecta al libre desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales.

Por tanto, desde 2014 y gracias a una lucha de 6 años de Mario Costeja, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, obliga a los sitios web a eliminar de sus listas de resultados aquellos enlaces que violen ciertos derechos de los ciudadanos. ¿Pero cómo lo consiguió Mario Costeja?

Según este artículo de El Confidencial todo empezó el 19 de enero de 1998, cuando La Vanguardia publicó su nombre y el de su socia, en una noticia que hablaba sobre embargo inmobiliario. En realidad la deuda no era suya. Por aquel entonces, solo existía el periódico en papel, pero pasado un tiempo, la noticia fue introducida en la hemeroteca de La Vanguardia. Frente a este panorama, Costeja pidió a La Vanguardia que retirara el artículo de la hemeroteca, ya que su nombre aparecía en los primeros resultados de Google como moroso, y eso podía hacerle perder clientes como perito. Como La Vanguardia no dio resultado, el segundo paso fue acudir a Google, pero este tampoco lo dio una respuesta y lo envío directamente a Mountain View, que lo redirigió a la sede que tenían en EEUU. Finalmente, después de seis años y con la mitad de sus ahorros perdidos, consiguió legalizar el derecho al olvido, y eliminar la falsa información que corría en la red sobre él.

Para poder recurrir al derecho al olvido y que una información sea eliminada, se tiene que poder demostrar que se trata de una invasión de la intimidad o privacidad, artículos con comentarios difamatorios e injuriosos, casos de usurpación de identidad o relacionados con procedimientos penales, presunción de inocencia o fotografías inapropiadas. Si nos encontramos frente a uno de estos casos, podremos solicitar el derecho al olvido, y este tendrá que ser aceptado y eliminado de la red.

Si queremos pedir el derecho al olvido, deberemos acceder al formulario, que desde 2016, Google está obligado a ofrecer a los usuarios para efectuar el Derecho al Olvido. Una vez conseguido el formulario deberemos rellenarlo con nuestros datos, así como la URL de la información que queremos eliminar junto con una explicación breve del motivo por el cual queremos que la documentación sea eliminada. Una vez hecho esto, Google nos notificará su respuesta entre 1 y 2 meses.